La construcción de viviendas constituye una política fundamental de inclusión social ya que permite consolidar la unidad del núcleo familiar, llevando una mejor calidad de vida a millones de compatriotas. Además, tiene un importante impacto en la actividad económica y la creación de empleo, al generar una fuerte dinamización de la economía en general ya que la actividad se moviliza a través de una cadena de engranajes que incluye proveedores de materiales (ladrillo, cemento, hierro, cerámicos, madera, etc.), empresas constructoras -en donde participan miles de pequeñas y medianas empresas-, arquitectos e ingenieros, y miles de trabajadores del rubro. En este último punto, cabe señalar que la vivienda es una actividad que emplea trabajadores de manera intensiva, por lo tanto, la inversión en vivienda genera miles de puestos de trabajo.

Política Nacional de Vivienda
A partir de la asunción del ex Presidente Néstor Kirchner, se comenzó a implementar esta política de vivienda llevada adelante por el Gobierno Nacional, gracias al impulso dado a la obra pública con la creación del Ministerio de Planificación Federal. Desde mayo del 2003 a mayo del 2011, ya se han finalizado más de 600 mil soluciones habitacionales en todo el país y se están ejecutando otras 230 mil unidades más. Este número representa una cifra histórica en materia de construcción y mejoramiento de viviendas para los sectores más postergados de la sociedad que no registra antecedentes en las últimas décadas.

Los Programas Federales se ejecutan íntegramente de manera descentralizada, lo que significa que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación actúa como organismo financiero controlando la certificación del avance de las obra obras y cuentas, mientras que las provincias (y los municipios) son los comitentes de las obras, quienes realizan los procesos de contratación, ejecución y control de las mismas de acuerdo a sus leyes y procedimientos administrativos. Por otra parte, la Subsecretaría adoptó como norma consensuar los cupos, valores y programas a través del Consejo Nacional de la Vivienda con todos los Institutos de Vivienda provinciales generando un consenso en la gestión de gobierno entre todos los niveles que intervienen.

Se debe destacar el hecho de que los proyectos de cada obra específica sean desarrollados por los Institutos de Vivienda Provinciales (e incluso los municipios) ha permitido que los programas adquieran las características propias de cada provincia y región, ya que su diseño se adecua a las zonas donde se implementan, haciéndolos flexibles para una mejor intervención en relación a la problemática específica de cada lugar. Además, la descentralización permite que las obras las realicen las empresas locales de cada provincia, tomando mano de obra de cada lugar donde se emplazan. Esto permite que las ejecuten miles de empresas nacionales, promoviendo el desarrollo de las pymes de cada provincia. Además, para resolver situaciones habitacionales específicas en donde el mercado no puede acceder porque las obras se realizan en zonas remotas y de difícil accesibilidad, las jurisdicciones pueden realizarlas por administración o junto a organizaciones no gubernamentales. Más de 70 ONG's de probada trayectoria en la solución de los problemas de hábitat de los sectores populares, realizan obras de vivienda y mejoramiento con fondos nacionales.

Otra de las políticas de vivienda desarrolladas tiene que ver con los mejoramientos de viviendas existentes que necesitan de ampliaciones y refacciones. Estas acciones revisten gran importancia, ya que la mayor parte del déficit habitacional del país está compuesto por viviendas que necesitan mejoras y ampliaciones, ya sea porque están construidas con materiales de baja calidad o porque existe hacinamiento. Los programas de construcción de mejoramiento de viviendas desarrollan proyectos para resolver la problemática específica de cada vivienda en particular, a través de la refacción de la vivienda y/o la construcción de baños, cocina o nuevos dormitorios que permitan adecuar la estructura de la vivienda a la composición del núcleo familiar.

Las viviendas y mejoramientos construidos con fondos nacionales pasan a formar parte del patrimonio de las provincias que las administra a través de sus Institutos de Vivienda. Son estas, junto a los municipios, las que las adjudican a sus beneficiarios, teniendo en cuenta la situación social y la problemática habitacional a resolver de cada lugar. Los beneficiarios deben pagar las viviendas o mejoramientos construidos de acuerdo a los procedimientos establecidos por las normas provinciales que regulan la Ley FONAVI.

La Vivienda como Política de Estado
Gracias a la implementación de esta política nacional de vivienda se pasó de finalizar 20.000 soluciones habitacionales a alcanzar la meta de construir 100.000 soluciones habitacionales por año, lo que permite brindar previsibilidad y sustentabilidad a esta política. En el año 2007 se finalizaron cerca de 100.000 soluciones habitacionales, y en los años sucesivos se superó esa cifra anual. En el transcurso de este año, nuevamente se prevé cumplir la meta de construir más de 100.000 soluciones habitacionales lo que refleja el éxito alcanzado por esta política nacional de vivienda, cuyos resultados se ven reflejados en el sostenimiento a largo plazo de las acciones planificadas.